NOTA DE PRENSA IZQUIERDA UNIDA MULA
I.U. INTERPONE RECURSO CONTECIOSO-ADMISTRATIVO POR LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN A AQUALIA.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes de Mula, en la persona de la concejala Inma López, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Mula de 28 de enero del 2020 por el que se aprobó una prórroga de cinco años de la concesión administrativa del abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio de Mula que explota FCC-Aqualia, S. A. El recurso tuvo entrada en la Oficina de Registro y Reparto de lo Contencioso-Administrativo de Murcia el día 10 de junio pasado.
La concejala estima que este acuerdo de prórroga se adoptó de forma precipitada y supone un atropello del derecho más elemental en materia de contratación pública.
El grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes viene haciendo un seguimiento cercano de esta concesión desde hace años y más atentamente a partir de que un informe jurídico propio puso de manifiesto que el contrato de la misma sería nulo desde sus dos anteriores prórrogas, en 1992 y 2002, a causa de las graves irregularidades cometidas en la aprobación de las mismas, sobre todo en la de la segunda, que es la que ha regido desde su formalización y que vence en 2022.
El recurso interpuesto deja en manos de una decisión judicial la entrada en vigor de la prórroga aprobada el pasado mes de enero por el pleno municipal, del mismo modo que deja en el aire el acuerdo ejecutivo de la Junta de Gobierno de 24 de abril siguiente por el que se aprobaba la liquidación del año 2019 y la liquidación anticipada del 50% del canon de la concesión derivado de los acuerdos de esta última prórroga.
Las dos consecuencias prácticas más inmediatas de que estos dos acuerdos no sean firmes son que el ayuntamiento no podrá cobrar el canon anticipado y que no podrá cancelar la deuda ilegítima que se ha generado con la empresa al reconocerle a esta, en la liquidación del 2018, una subvención al ayuntamiento por aplicación de la ‘cláusula por desequilibrio del consumo industrial’.
Lo que tendría que haber hecho el Gobierno local es desactivar dicha cláusula desde el momento en que Cofrusa, principal consumidora de agua, cesó definitivamente su actividad. Al quedar en entredicho la liquidación del 2019 que aprobó la Junta de Gobierno, la hipotética subvención que correspondería a este año no genera ninguna deuda frente a la concesionaria. Esta supuesta deuda es de casi medio millón de euros y se ha generado en dos años solamente.
Según la concejala, dicha supuesta deuda se ha utilizado como coartada para precipitar la aprobación de la prórroga del contrato que finalizará en 2022 y así eludir, una vez más, la normativa en materia de contratación pública, la cual impone, entre otras exigencias, la licitación pública y la garantía de la libre concurrencia.
Que el actual alcalde tenga su trabajo en la concesionaria desde que fue contratado años atrás siendo teniente de alcalde y que posteriormente también fuera contratado su hermano, hoy diputado regional, no da ninguna tranquilidad a los muleños sobre lo beneficioso para el interés general de los acuerdos adoptados.
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